La minería en México y la ASF
Nos preguntábamos el mes pasado en este mismo espacio si la actividad de las empresas mineras mexicanas, en su mayoría subsidiarias de corporaciones internacionales, estaría siendo comentada en los informes de sus auditores externos, principalmente con referencia a los desastres ecológicos que están provocando en muchas regiones de nuestro país y a su evidente falta de responsabilidad social, según los reportajes y quejas ampliamente divulgados por las comunidades afectadas y muchas organizaciones civiles y otros observadores interesados.
Casi de manera simultánea, el 15 de febrero pasado la Auditoría Superior de la Federación presentaba a la Cámara de Diputados del Congreso su informe de auditoría externa practicada a la Cuenta de la Hacienda Pública de 2010, en los términos acotados por la Constitución y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación.
En una parte del informe y con referencia a las concesiones del Gobierno Federal, la ASF dice que de mil 121 autorizadas ese año, 272 no se registraron en el padrón correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco confiable; de igual manera, 80 de ellas no consignaron su registro federal de contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el pago correspondiente por derechos; además, que en 39 casos la empresa titular de la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación liquidar.
El padrón es un instrumento poco confiable, dice el informe, como lo es también la publicitada norma NMX-SAST-004-IMNC-2004 de la Secretaría de Economía, agrega el suscrito, porque se trata de un documento de aplicación voluntaria por quien desee implementar buenas prácticas de responsabilidad social. ¿Ingenuidad o permisividad?, nos seguimos preguntando.
Otra de las irregularidades detectadas por la ASF en su informe citado es el pago por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, como son los recursos naturales, señalando textualmente que “el importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la producción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera.
En su mensaje al presentar este informe, el C.P.C. Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, expresó: “Conocemos las crecientes exigencias sociales respecto a un manejo honesto de los recursos públicos, y sabemos que las limitantes en los tiempos, y las etapas de la fiscalización, contenidos en nuestro marco legal, impiden que nuestra labor satisfaga muchas de las expectativas que se producen, con la entrega de este informe”; y agregó: “Reconocemos, el esfuerzo de los diputados de esta Legislatura en lo que se refiere al impulso de iniciativas de reformas constitucionales, que nos permitan continuar los avances en materia de rendición de cuentas, entre las que destacan el adelanto gradual del plazo de presentación de la Cuenta Pública, por parte del Ejecutivo Federal, para el último día hábil de febrero y el inicio de su fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal”.
En efecto, por una u otra razón, muchas expectativas ciudadanas no se satisfacen plenamente con los informes de los auditores externos. Por eso debemos aplaudir y apoyar a Juan Manuel Portal, distinguido miembro de nuestra profesión y socio del IMCP, en su lucha por los cambios legales que permitan alcanzar en México una efectiva rendición de cuentas.
C.P. Jorge Barajas Palomo
Expresidente del IMCP y del IMAI
Revista Contaduría Pública
Año 40, Núm. 476
Abril, 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario